Canal 10: dudas, complicidades y sospechas

POR: GERARDO ZÚÑIGA PACHECO, 16 DE DICIEMBRE DE 2016

INVESTIGACIONES

4_1481931691La Paz, México.- En pleno debate sobre el trasfondo del embargo del bien inmueble conocido como “Colina del Sol”, las dudas y sospechas crecen cada día que pasa sobre una eventual venta de la huelga de los ex trabajadores de Canal 10 por parte del hoy ex líder del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr), Pedro Mazón Benítez, en evidente complicidad con la empresaria y viuda del periodista Francisco King Rondero (q.e.pd), María Guadalupe Lucero Álvarez.

Tanto el ex dirigente sindical como la empresaria del ramo de la comunicación, según el resultado de una investigación de Metrópoli, estaban perfectamente enterados de que había un juicio civil desde el 31 de marzo de 2009 promovido para confiscar la única propiedad que podía garantizar el pago de salarios caídos y liquidación de los ex trabajadores.

A pesar de eso, y a sabiendas de que el juicio civil, bajo el número de expediente 453/2016, prácticamente estaba en la etapa final, Mazón y Lucero, sospechosamente jugaron con el tiempo, dejando que pudiera consumarse por supuesto la incautación de la propiedad valuada –hasta febrero de 2012—en 16 millones 337 mil pesos.

De tal modo que después de confirmar el 14 de noviembre pasado que oficialmente no había estallado ninguna huelga en Canal 10, el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Baja California Sur, Bárbaro Valenzuela Serrano, ordenó el embargo y adjudicación de la propiedad con una extensión de 11 mil 269 metros 993 centímetros, a favor del constructor José Alejandro Saab de Regil, del biólogo Sergio Ticul Álvarez Castañeda y del empresario Gerardo Cortes Langarica.

Así, y de esta forma, los aproximadamente 50 ex empleados de la compañía Televisión La Paz, S.A, algunos hasta con 25 y 30 años de antigüedad, perdieron todo la tarde del pasado 9 de diciembre, y los cuales se quedaron sin nada que pueda garantizar el pago de sueldos caídos y liquidación, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Desde que inició el conflicto laboral, la manera de actuar del ex líder del sindicato adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Pedro Mazón Benítez, y según algunos ex trabajadores, fue negligente y omisa e inclusive complaciente con la representante legal de Televisión La Paz, S.A., Guadalupe Lucero, y quienes en un juego evidentemente perverso, dieron largas y prologaron cada vez que podían el estallamiento de la huelga a través de prórrogas amañadas para supuestamente celebrar una audiencia conciliatoria que nunca se consumó.

Tan solo en la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social, y de acuerdo al delegado Ernesto Gámez Álvarez, el sindicato y la compañía de comunicación, tuvieron tres reuniones de conciliación para resolver el conflicto laboral, y las cuales no llevaron a nada.

No es obra de la casualidad que la representante legal de la empresa televisiva, se convirtiera de la noche a la mañana en una mujer escurridiza durante poco más de 11 meses de ese proceso, y la cual casualmente, nunca pudo estar presente en la audiencia sobre el emplazamiento de huelga (o pre-huelga) radicado en el número de expediente III-261/2016 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5, después de haber firmado originalmente un convenio de administración del Contrato de Ley de la Industria de Radio y Televisión.

Es más que evidente –y ahora razonan los ex trabajadores– que todo fue planeado y premeditado alevosamente en perjuicio de sus intereses, quedando todos literalmente en la calle.

El Comienzo

El conflicto laboral estalló el primero de enero de 2016, después de que un grupo de inspectores de la Confederación Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), prohibieran a los empleados desempeñar sus labores cotidianas, en virtud de que “Canal 10”, no había podido invertir en la compra del transmisor digital por problemas financieros, y por ende, debía suspender automáticamente operaciones, después de 47 años de transmisión ininterrumpida.

El Apagón Analógico promovido e impulsado por el Gobierno de la República para cesar las transmisiones analógicas y abrir paso a la era digital –según datos recabados por este medio—llegó en el peor momento de Televisión La Paz, S.A., porque desde el año 2007, la apoderada legal de la compañía, Guadalupe Lucero, comenzó a vivir una severa crisis económica que se fue agudizando con el paso del tiempo hasta llegar al punto de no poder cubrir los salarios de los empleados, sobre todo en los últimos cuatro meses de 2015.

Un mes después del cierre de operaciones, y tras el silencio cómplice de Sitatyr, alrededor de 25 empleados de “Canal 10”, comenzaron a presionar para exigir el pago de 8 quincenas de salarios caídos, así como el aguinaldo, reparto de utilidades y fondo de ahorro descontados directamente de su salario, y los cuales ascendían –en ese momento—entre 3 y 4 millones de pesos.

El dirigente sindical no tuvo más remedio que dar la cara, y salir a buscar supuestos acuerdos entre el sindicato y la compañía televisiva, a fin de resolver en primer instancia el pago de salarios caídos, y después, y en caso de no reanudar operaciones, el tema de la liquidación de los ex trabajadores, 28 de los cuales son sindicalizados.

Sin embargo, y durante poco más de diez meses, nunca pudo celebrarse la audiencia conciliatoria entre el sindicato y la representante legal de la compañía televisiva, por lo que automáticamente cada mes era aplazada mañosamente la prórroga para la celebración de la reunión entre ambas partes.

La última prórroga venció el 28 de noviembre pasado, y cuando los trabajadores pensaron que en diciembre finalmente podrían estallar oficialmente la huelga, colocando las banderas rojinegras y asegurando el bien inmueble de “Colina del Sol”, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Baja California Sur, tomó por sorpresa a todos los trabajadores, y ordenó el embargo del bien inmueble de María Guadalupe Lucero Álvarez, registrado bajo la clave catastral 101-001-261-001, y localizado en la calle Revolución de 1910 esquina con Monterrey en la colonia El Esterito de La Paz, Baja California Sur, según cartografía.

El Emplazamiento

Desde el inicio del conflicto, y hasta el día del embargo del bien inmueble de “Colina del Sol”, oficialmente nunca estalló la huelga de los ex trabajadores de Canal 10, después del cierre de operaciones el primero de enero de 2016.

Lo que sí ocurrió –y según el oficio SAEH-747/2016 expedido por la unidad administrativa de la secretaría auxiliar de Emplazamientos a Huelga y firmada por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez—fue un emplazamiento a huelga (pre-huelga) respecto del “pliego de peticiones para exigir el cumplimiento al Convenio de Administración del Contrato de Ley de la Industria de Radio y Televisión, presentado por el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana en contra de la empresa Televisión La Paz, S.A (XHKTV Canal 10 en La Paz)”.

Sin embargo, y según un abogado especializado en Derecho Laboral consultado por Metrópoli—ese procedimiento no garantizaba jurídicamente nada favor de los ex trabajadores por las dos siguientes razones:

1.- El emplazamiento fue hecho contra la compañía Televisión La Paz, S.A, y no contra la propietaria legítima del bien inmueble, María Guadalupe Lucero Álvarez, por lo que el intento de adjudicación de la propiedad no procedería, ya que el procedimiento de emplazamiento a huelga –mal planteado—era seguido contra la compañía y no contra la persona física que figuraba como dueña del bien inmueble.

2.- La celebración de audiencia de conciliación entre el sindicato y la empresaria nunca pudo ser consumada en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y por lo tanto, tal y como establece el Artículo 924 de la Ley Federal del Trabajo, no causó efecto legal el emplazamiento, porque no pudo notificarse el pliego de peticiones, y por ende, “suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá aplicarse embargos, aseguramientos y diligencias, desahucios en contra de la empresa o establecimiento”.

La Demanda

El 31 de marzo de 2009, el constructor José Alejandro Saab de Regil, el biólogo Sergio Ticul Álvarez Castañeda y el empresario Gerardo Cortes Langarica, presentaron una demanda vía especial hipotecaria en contra de la empresaria María Guadalupe Lucero Álvarez.

Los demandantes, y según el expediente del juicio civil No. 453/2009, solicitaron los siguiente:

1.- El pago por la cantidad de 10 millones de pesos como suerte principal

2.- La liquidación de 720 mil pesos por concepto de intereses a razón del 6% mensual, calculado sobre la cantidad de tres millones de pesos en una temporalidad comprendida entre el 16 de mayo de 2007 y el 13 de septiembre de 2007.

3.- El pago por la cantidad de 2 millones 400 mil pesos por concepto de intereses a razón del 6% mensual, calculado sobre la cantidad de 10 millones de pesos, a partir del 13 de septiembre de 2007 hasta el 17 de enero de 2008.

4.- El pago de los interese moratorios a razón del 6% mensual, calculado sobre la cantidad de 10 millones de pesos, a partir del 17 de enero de 2008 hasta la total liquidación de la deuda reclamada en el juicio civil.

5.- El pago de gastos y costos que se originen con motivo del presente juicio.

En su demanda –y según el expediente oficial—los acreedores relataron que celebraron un contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, y el cual fue formalizado a través de la escritura pública 34 mil 324 y volumen 659, expedida por el Notario Público No.3, Carlos Arámburo Romero.

En el contrato, Guadalupe Lucero, en su carácter de deudora, reconoce haber recibido 3 millones de pesos, firmando el compromiso de cubrir un interés ordinario mensual a razón del 6%, equivalente a 180 mil pesos, a partir de esa fecha, y hasta el 30 de septiembre de 2007.

Dentro del contrato –y de acuerdo a la escritura obtenida por Metrópoli—la empresaria firmó la hipoteca de “Colina del Sol” a favor de los tres acreedores, a fin  de garantizar el pago capital más los intereses por el préstamo, y cuya extensión del bien inmueble es de 11 mil 268 metros con 993 centímetros cuadrados, registrado con la clave catastral 101-001-261-001.

Según el expediente, el 13 de septiembre de 2007, el contrato de reconocimiento de adeudo fue modificado, porque el empresario Gerardo Cortes Langarica, ingreso como acreedor –de acuerdo a la escritura 35 mil 573 y volumen 680, expedida nuevamente por el Notario Público No. 3 e hizo un segundo préstamo a la apoderada legal de Televisión La Paz, S.A, solo que esta vez por 7 millones de pesos, ampliando el monto de 3 a 10 millones de pesos en su totalidad.

En ese nuevo pacto, la fecha de pago fue pospuesta hasta el 17 de enero de 2008, y donde se acordó el pago de un interés del 6% mensual, equivalente a 600 mil pesos.

Sin embargo, a punto de vencer el plazo, el 20 de diciembre de 2007, solicitó un tercer préstamo, por lo que los acreedores José Alejandro Saab de Regil y Gerardo Cortes Langarica, y según la escritura número 36 mil 800 y volumen 701, expedida por la misma notaría pública, celebraron con la empresaria del ramo de la comunicación, un nuevo contrato, con fecha de vencimiento el 20 de enero de 2008.

Según el contrato, Guadalupe Lucero, recibió 2 millones de pesos más, y la cual hizo el compromiso de pagar un interés del 6%.

Paralelamente, y según el expediente, el 8 de abril de 2008, la representante legal de Canal 10, solicitó verbalmente un cuarto préstamo, esta vez, por 250 mil pesos a José Alejandro Saab de Regil, y quien al no contar con recurso en ese momento, envió a Guadalupe Lucero con Irvin Doan Cortes Kusulas, y quien un día después, es decir, el 9 de abril, hizo una transferencia bancaria a la cuenta de la empresaria número 0153610233 de Bancomer.

A fin de saldar sus cuentas, y según el expediente, el 20 de junio de 2008, la representante legal de Canal 10, María Guadalupe Lucero Álvarez,  solicitó el estado de cuenta a José Alejandro Saab de Regil, bajo el supuesto de que procedería a liquidar el adeudo de la suerte principal más intereses.

Así, el 26 de junio de 2008, Guadalupe Lucero, se presentó en el domicilio del principal acreedor y entregó los siguientes cinco cheques posfechados:

1.- El número 00000041 por la cantidad de 290 mil 161 pesos con 29 centavos, expedido por una cuenta de Banamex a favor de Irvin Doan Cortes Kusulas.

2.- El número 0000230 por la cantidad de 9 millones 316 mil 800 pesos, expedido por una cuenta de Bancomer a favor de Gerardo Cortes Langarica.

3.- El número 0000231 por la cantidad de 2 millones 569 mil 032 pesos con 25 centavos, expedido por una cuenta de Bancomer a favor de Gerardo Cortes Langarica.

4.- El número 2525319 por la cantidad de 3 millones 983 mil 206 pesos con 45 centavos, expedido por una cuenta de HSBC a favor de Sergio Ticul Álvarez Castañeda.

5.- El número 2525320 por la cantidad de un millón 941 mil 283 pesos con 86 centavos, expedido por una cuenta de HSBC a favor de José Alejandro Saab de Regil.

La Deuda

Obviamente, y por el nivel de dinero prestado, la deuda se convirtió en impagable.

Con escasa publicidad en su medio de comunicación, y con pagos gubernamentales atrasados, el 30 de junio de 2008, y cuando debía de ingresar a cobro el primer cheque posfechado, la representante legal de Canal 10, Guadalupe Lucero, y de acuerdo al expediente, hizo una llamada a Alejandro Saab, y solicitó no meterlo, porque no habían depositado dinero a su cuenta bancaria.

El asunto es que después de prórroga tras prórroga, los acreedores no tuvieron más remedio que primero requerir el cobro vía extrajudicial, y como no hubo solución, entonces procedieron a demandar a la deudora, y solicitando el embargo del bien inmueble de “Colina del Sol”, puesto en garantía en los contratos de reconocimiento de adeudo firmados por Guadalupe Lucero.

El juicio ordinario bajo el número de expediente 453/2016, prácticamente duró casi 7 años, tiempo en que los abogados de los acreedores representados por las hermanas Bertha y Dulce Guadalupe Terrazas Espinoza, así como Fabián Cortes Urrea y Héctor de Santiago Palos, fueron combatidos jurídicamente por los abogados de la deudora, Manuel Bojórquez López, Francisco Javier Lucero Quintana, Laura Alicia Díaz Serna y Jesús Arturo Rubio Ruíz.

En la contestación de la demanda, Guadalupe Lucero, se negó a reconocer el pago de intereses, porque –según expuso—“es improcedente”, en virtud de que “se abuso de  mi apuro pecuniario”, y el cual rebasa el establecido por el Código Civil del Estado de Baja California Sur.

Según su versión, los intereses eran usureros, porque –dijo—“en una simple operación aritmética como es la multiplicación de los intereses mensuales moratorios por doce meses, nos arroja un interés del 72%”, lo que revela notoriamente lo excesivo y desproporcionado, y contrapone, las normas públicas.

No obstante, la empresario no dejó de reconocer el adeudo contraído, lo que finalmente valió para que fuera sentenciada desde el 9 de octubre de 2009 por la entonces Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Erika Lorenia Cinco Quintanar, y la cual la condenó a la empresaria televisiva a pagar 10 millones por concepto de la suerte principal, y 2 millones 400 mil pesos más por concepto de intereses a razón del 6%, calculado sobre el préstamo de 10 millones de pesos, así como gastos y costas extrajudiciales que se cuantificarían en la ejecución de la sentencia.

Asimismo, la representante de Canal 10, fue absuelta de pagar intereses moratorios.

De tal modo que de no liquidar el adeudo, la juzgadora ordenó proceder al remate del bien inmueble de “Colina del Sol”, el cual fue adjudicado el 15 de julio de 2016 a favor de José Alejandro Saab de Regil y sus socios comerciales.

Según la escritura 7 mil 76 expedida por el Notario Público No. 3, Carlos Arámburo Romero, y por orden del Juzgado Primero de Primer Instancia del Ramo Civil, en virtud de que Guadalupe Lucero fue declarada en rebeldía –tras negarse a firmar la cesión de derechos—el bien inmueble fue adjudicado a los nuevos dueños, y donde desde el dos de diciembre de 2016, según oficio 169/2016, el Juez Bárbaro Valenzuela Serrano, solicitó el apoyo de la Policía Municipal de La Paz, a fin de que auxiliara al Actuario Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y proceder a la diligencia de lanzamiento que fue consumado a la una de la tarde del 9 de diciembre, y del cual, los ex trabajadores de Canal 10, tuvieron conocimiento hasta pasadas las 10 de la noche de ese mismo día, porque nadie estaba haciendo guardia en la pre-huelga.

 

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Acerca de Martin Valtierra G.

Dedicado al periodismo desde 1990, iniciando en la Revista semanal La Opinion de Los Cabos, para posteriormente en Ciudad Constitucion incorporarme al Diario Peninsular poo tiempo despues y en 1991 como Corresponsal del Centro de Radio y Television, en Comondu. He ocupado cargos diversas Administracines Municipales, siendo en el periodo 1993-1996, Director de Comunicacion Social en el Ayuntamiento de Comondu, en el siguiente periodo responsable de difusion de SAPA, y luego del manejo de difusion de Desarrollo Municipal. Participado como Cordinador de Prensa de diferentes candidatos a diversos cargos de eleccion popular, como son a Presidente Municipal, Diputado Federal y Senador de la Republica. Colaborador de diversos peridos de Diario El Sudcaliforniano, asi como en medios, forjado en la lucha diaria de llevar la informacion veraz y oportuna a la ciudadania, que es lo que reclama. correo electronico valtierra9293@hotmail.com, para cualquier envio de informacion
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